Entre las características encubiertas de las revoluciones árabes está la de destapar vocablos y prácticas que aún no han recibido la atención que merecen. Algunos términos son nuevos y otros son traducciones de un proceso creativo fruto de la globalización y sus conceptos. A lo largo de un cuarto de siglo hemos sido educados en las desventajas de la corrupción y las ventajas de la transparencia. La corrupción toma cuerpo en un funcionario sobornable. Pero no han sido detenidos muchos funcionarios corruptos y se cree que las soluciones a la cuestión de la corrupción proceden de los dictados neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial: agilizar las administraciones despidiendo a funcionarios, minimizar los presupuestos gubernamentales, reducir el gasto público destinado a subvencionar el combustible y los alimentos, la privatización, etcétera. Pero, ¿quién exige cuentas al sobornador? ¿En qué diccionario de la globalización se explican las siguientes situaciones?
En 2011 el rey de Marruecos anunció que iba a donar los dividendos de sus empresas del año 2010 a obras de caridad como forma de contener las protestas populares contra él. Esas ganancias ascendían a 1.200 millones de dólares. ¿Prohíbe la Constitución marroquí a los hombres de Estado dedicarse al comercio? ¿Quién exige cuentas al rey por infringir la Constitución a expensas de los años que han pasado? ¿Quién controla cómo se reparten esos dividendos, suponiendo que se hayan repartido?
Tras atacar los vecinos de Daraa un centro de la empresa Syriatel, Rami Majluf, propietario de la compañía y secretario de la tesorería de la familia que gobierna en Damasco, y que se vanagloria de controlar el 60% de la economía siria, anunció que había suspendido sus actividades económicas para transformarlas en obras de caridad. En ese momento se dijo que de ese modo escapaba a las sanciones económicas que también le afectaban a él. Es posible, pero ¿qué legitimidad internacional de la libre economía permite a una familia formada por unos cuantos miembros monopolizar ese porcentaje de la economía de un país?
Cinco o seis emires de la familia Saud controlan el 10% de los ingresos del petróleo, diez millones de barriles de petróleo diarios (el precio del barril es de 100 dólares), en un país donde el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.
Y es que si no es acaparando directamente la economía, los recursos y la riqueza, lo que hacen es administrar, controlar y aprovecharse de las riquezas del país.
Los Gaddafi administraban el fondo de inversión soberano del Estado libio que ascendía a 120.000 millones de dólares (y los Gaddafi son los «parientes pobres» de las familias del Golfo y de la Península Árabe). Los mayores fondos del mundo los gestionan los Al Nahyán de Abu Dabi (750.000 millones de dólares), los Saud (425.000 millones de dólares), los Sabah de Kuwait (213.000 millones de dólares) y los Zani de Qatar (52.000 millones de dólares). (Sólo a título informativo: el fondo soberano de EE.UU. apenas supera los 50.000 millones de dólares).
Esos gobernantes no han acumulado toda esa riqueza con el sudor de su frente ni a base de trabajo. Han heredado riquezas acumuladas de las rentas de terrenos y del petróleo, recursos de los que se apoderaron esas familias por la fuerza del vínculo familiar o tribal, o a golpe de espada en invasiones, capturas, botines o golpes de estado militares. Y sus hijos van a heredar esas riquezas, a menos que las revoluciones acaben con ellos. Estas familias no se conforman con lo que hay por encima y por debajo de la tierra. La familia Jalifa está llenando de arena el mar de Bahréin para explotar esos terrenos a través de la especulación inmobiliaria.
La justicia de la transición es una fórmula cómoda de los mecanismos internacionales oficiales en el ámbito de la «resolución de conflictos». La Iniciativa del Golfo exculpó a Ali Abdalá Saleh y a sus partidarios a los que ni se les exigirán cuentas ni se les juzgará por treinta y tres años de guerras, asesinatos, saqueos y robos. Y al amparo de esa justicia de transición, gracias a la gestión directa de representantes del secretario general de la ONU y bajo la atenta mirada del embajador de EE.UU. en Saná, se está celebrando la Conferencia de Diálogo Nacional yemení que ha concedido el mayor número de asientos al partido del expresidente, libre de toda culpa. Entre los cargos que se le imputarían a Ali Abdalá Saleh está la ocupación militar del sur del país en la conocida como Guerra de la Unidad y la Secesión del año 1944. Ahora se descubre que esa guerra, que generó un fervor no precisamente panárabe desde el Golfo al Océano Atlántico, fue una razia tribal que satisfacía ciertas condiciones. Hamid al Ahmar, empresario y uno de los jefes de la tribu Hashed, reconoció haber participado en el «saqueo», como él mismo dijo, de la mitad sur de Yemen durante esa razia. Ese jefe tribal «businessman» se justificó diciendo que los yemeníes, es decir los del norte de Yemen, participaron todos en el saqueo del sur pero con ellos había yemeníes del sur. ¿En qué casilla «cultural» de las casillas de la justicia transitoria ponemos «invasión», «botín», «capturas»?
«Filantropía»: un nuevo término que vamos a oír mucho a partir de ahora. La filantropía es un mecanismo estadounidense que permite una deducción de impuestos por obras de caridad. Los mecanismos de la filantropía operan al amparo de un sistema de impuestos progresivos sobre la renta (reforzado por impuestos elevados sobre las herencias, las rentas inmobiliarias, los intereses bancarios, los bonos del tesoro, las segundas viviendas, etcétera). Holland, el presidente francés, quiere subir el impuesto progresivo hasta el 70% a las rentas que superen el millón de euros.
En nuestros países se pretende casar la filantropía con la caridad, la limosna, el azaque, con una quinta parte de la renta. El cielo y la tierra están a mucha distancia. La filantropía funciona al amparo de un régimen tributario estricto. Pero de su traducción arabo-islámica se espera que haga estallar el sistema tributario desde la base y que este sea compensado con un deber religioso que puede transformarse en un favor y no en un derecho, en una práctica del hombre «entre él y su Dios», es decir, al margen de cualquier declaración pública.
Puede resultar extraño que los Hermanos Musulmanes de Egipto amenacen a sus enemigos con «castigar el bandolerismo» pues representan al «islam moderado» pacífico. El asombro desaparece cuando descubrimos que «el castigo al bandolerismo» para el partido del presidente Mursi son las «empresas de seguridad privadas», una práctica que armoniza por completo con las tendencias neoliberales de ese partido, o incluso las «empresas de gorrillas», y este es un guiño a Bassem Yusef.
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