Parece seguro que nuestro pueblo ha llegado a un resultado lógico y científico. Einstein decía que no hay nuevos resultados si las causas se repiten. Durante los diez años de ocupación con sus consecuentes gobiernos se ha falseado la voluntad de un pueblo sometido al más repugnante lavado de cerebro y de conciencia para intentar que se aceptase lo que se le imponía en las elecciones locales y legislativas y en el referéndum de una Constitución bomba; para que aceptase una representación sectaria, étnica y doctrinal sobre la que se han erigido las instituciones del Estado y de la sociedad. A pesar de lo temerario de este comportamiento para el destino de la nación y el futuro de sus ciudadanos, el pueblo iraquí esperaba llegar a un resultado que le sacase de la desesperación para poder ver la luz al final del túnel en el que se apretujaba después de que sus hermanos y amigos se desentendieran de él y lo convirtieran en el botín de todos los planes contra Iraq.
Si este periodo se hubiera aprovechado bien, se podría haber mejorado la situación, pero en Iraq sólo hay más pobreza, analfabetismo y hambre, a pesar de unas rentas cada vez mayores y de unos presupuestos astronómicos gracias al incremento del precio del petróleo y de sus exportaciones. Lo de que el pobre es cada día más pobre y el rico cada día más rico es una norma que rige la vida cotidiana en todo el país desde que el poder lo acapara, desde quienes dicen representar a sus sectas, nacionalidades y religiones, desde que los recursos del país están siendo monopolizados por aquéllos, sus acólitos o sus parientes. Quienes adaptan la ley a sus intereses para obtener ilícitamente licitaciones y contratos estatales, que tienen por objeto el bien público, y además de ello roban el dinero destinado a esos proyectos, han creado grandes emporios comerciales, empresariales o de representación de empresas árabes o extranjeras. Todo ello es posible por la inacción de la justicia y la ausencia total del control parlamentario, que debería ser el verdadero representante del pueblo. Los pactos de silencio son los que perpetúan la corrupción cuya única víctima, material y moral, es el ciudadano.
El desprecio hacia los iraquíes y la especulación con el pueblo iraquí ha llegado a niveles indescriptibles. Tal es el caso de la anulación de la cartilla de abastecimiento, que permitía al ciudadano tener acceso a algunos alimentos básicos. La justificación que ha esgrimido el gobierno para ello ha sido la de impedir la corrupción de aquellos que gestionan los contratos de compra de los alimentos. El resultado es que en lugar de castigar al culpable se castiga al ciudadano al que se le priva de su propio pan.
Debido a la destrucción del Estado, la ausencia de justicia y la falta absoluta de coordinación entre los poderes actuales, en lucha constante entre ellos ya que los gobernantes representan intereses regionales e internacionales, en Iraq han aparecido nuevas autoridades y dirigentes religiosos o tribales. Además aprovechando la carencia de seguridad y la necesidad de protección del ciudadano, las milicias han tomado el control de las calles y defendiendo esa necesidad de seguridad, chantajean al ciudadano para que los vote y así asegurarse el poder.
Algunos dirigentes tribales, una vez aupados en el poder se convirtieron en brazos ejecutores del gobierno, glorificándolo y disfrutando de sus dádivas. También ha habido dirigentes religiosos que se han alineado con el poder para glorificar valores religiosos, apareciendo ante las cámaras de televisión según disponen quienes gobiernan mientras asesinan a su gente y violan a sus mujeres encarceladas. Estos dirigentes, que forman parte de las comisiones de investigación no hacen sino ocultar los crímenes de guerra cometidos y conceder indultos a sus perpetradores. Así, el ciudadano queda completamente desprotegido.
Ante esta situación, al pueblo solo le queda enfrentarse a pecho descubierto a toda esa vergüenza, humillación, muerte, éxodo y violaciones, apoyándose en las verdaderas fuerzas patrióticas, en los símbolos religiosos y tribales honrados que no dieron tregua ni a la ocupación ni a sus gobiernos y que convirtieron su servicio hacia el pueblo y hacia la nación en su estrategia desde 2003 hasta la fecha.
Desde la invasión anglo-estadounidense de Iraq, el tiempo se ha detenido para el ciudadano iraquí. El paso de los años ya no significa nada para él porque el día y la noche son iguales y el día de hoy es igual al de ayer. La tragedia es mayor cada día, y sufre por igual la injusticia miliciana y partidista como la injusticia institucional de los aparatos del Estado y sus altos mandatarios que actúan al amparo de la nueva Constitución y la ley. Hasta en los peores momentos durante la época de las sanciones el ciudadano iraquí soñó con un futuro; creyó que sus sufrimientos terminarían. Pero ha perdido el presente y el futuro bajo la ocupación y sus autoridades impuestas, que han establecido de facto una alternancia de poder entre grupos políticos que no creen en absoluto en los derechos del pueblo, y que acaparan los recursos y las riquezas del país para ponerlos al servicio de un sector minoritario.
La marginación, el desarraigo, el aislamiento y la exclusión han contribuido en gran medida al sentimiento general de que en Iraq todos los ciudadanos no son iguales en derechos y deberes, lo que ha generado el clima necesario para que se produzca un levantamiento: el ciudadano que lo ha perdido todo ya no tiene nada que perder. El constante hostigamiento contra el ciudadano: persecución, corrupción, discriminación, etc. ha terminado por estallar de golpe en la revuelta de Al Anbar, que empieza a extenderse hasta Saladino y Mosul. Esto implica que la población ha comenzado a ser consciente de lo que tiene que hacer para desembarazarse de esta situación porque se niega a seguir sometida a las autoridades gubernamentales y a los partidos sectarios y milicias que han impedido el desarrollo de todos los ámbitos de la vida. Es una rebeldía sana y valiente porque acabará con la injusticia y garantizará la dignidad para todos. El hecho de que los protagonistas de la revuelta hayan insistido en que esta no tiene que ver con ninguna fuerza política, partidista o sectaria sino que es una muestra de su conciencia. En primer lugar, son conscientes de que todas las fuerzas políticas que participan en el sistema, aunque pertenezcan a su entorno social, han contribuido al empobrecimiento y a la persecución de los ciudadanos y se han hecho ricas a su costa. En segundo lugar, los protagonistas de las revueltas no pasan por alto que la etapa que está atravesando el país no requiere debates políticos sobre la forma de gobierno o sobre la naturaleza del sistema político, sino que exige un gobierno transparente capaz de garantizar unos mínimos servicios económicos, sociales, educativos y de seguridad; un gobierno que pueda combatir la pobreza e impedir las violaciones de los Derechos Humanos.
Todos los iraquíes ven con claridad que el poder actual y las fuerzas políticas que lo sustentan son incapaces de ofrecer ningún servicio real porque nacieron del útero de una crisis política que repartió cargos políticos en función de la fuerza de cada formación, y no con el fin de ofrecer servicios al ciudadano. El cargo público únicamente sirve para reforzar y financiar a la fuerza política a la que pertenece, una trinchera de lucha en primera línea contra el resto de las fuerzas políticas. Esto no ayuda a crear un sentimiento de responsabilidad hacia el cargo que se desempeña y, además, es incapaz de convencer al ciudadano de que el Estado es su Estado; una institución que pierde su legitimidad si es que alguna vez la tuvo, por lo que las revueltas se asientan en una responsabilidad legítima y legal. Las autoridades no van a analizar lo que sucede, porque su destino y su modelo de corrupción y riqueza están en juego, por lo que es lógico esperar que vayan a utilizar el aparato del Estado y sus recursos para influir en los protagonistas de la revuelta, utilizando, en primer lugar, la fuerza y la represión contra los grupos de ciudadanos; y en segundo lugar, intentaran utilizar las fuerzas políticas y las personalidades religiosas y tribales afines al poder que pertenezca al mismo tejido social que los manifestantes. Todo ello con el objetivo de hacer fracasar las manifestaciones y dispersar a los participantes para que renuncien a sus verdaderas demandas. Eso fue precisamente lo que sucedió cuando enviaron a Saleh al Mutlaq para que convenciera a los manifestantes de poner fin a la protesta sin que se hubiera dado respuesta a ni una sola de las demandas populares.
Sea cual sea el resultado, la situación no volverá a ser la misma y la fecha de la revuelta será un punto de inflexión entre el pasado y lo que está aún por suceder. La responsabilidad de proteger a la población protagonista de la revuelta y de demostrar el valor histórico de esa acción heroica es un deber nacional de todos los intelectuales, escritores y periodistas árabes y locales, para que la protesta se extienda a otras plazas en todas las provincias, ciudades y pueblos de este país hasta convertirse en una revuelta generalizada equiparable a una acción histórica que levante Iraq y a los iraquíes y que devuelva al país su unidad nacional.
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