Nawaat, 01/06/2016
Hafawa Rebhi
La Instancia de la Verdad y la Dignidad ha emitido su primer informe anual de actividades que va desde su creación el 10 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. El primer apartado del informe trata la evolución de la justicia de transición desde la creación de las comisiones de investigación durante la revolución y se centra en la eficacia del Ministerio de Derechos Humanos y la creación de la ley de la justicia de transición, que enmarca las actividades de la instancia. El tercer apartado trata detalladamente el apoyo de los socios nacionales, internacionales y las contribuciones de la sociedad civil a la instancia. El cuarto apartado incluye un informe de disposición, el estado de las finanzas y un informe del auditor.
La instancia empezó a recibir denuncias por violaciones de derechos el 15 de diciembre del año 2014. Se procedió a organizar audiencias secretas a las víctimas el 31 de agosto de 2015, también se iniciaron las labores de investigación, arbitraje y conciliación.
Los expedientes depositados incluyen violaciones de derechos humanos y casos de corrupción desde julio de 1955 hasta finales de diciembre de 2013. La instancia ha recibido denuncias de víctimas de los Yusufíes, del movimiento Perspective, de los movimientos de izquierdas y sindicalistas de 1978, de las víctimas de las revueltas del pan del año 1984, de islamistas, de las víctimas de la cuenca minera y de víctimas de la revolución y del momento post-revolucionario.
La primera selección de los expedientes sobre violaciones denunciadas por esas víctimas se reparte de la siguiente forma:
La instancia ha observado una correlación entre las detenciones arbitrarias por un lado y la tortura y el control administrativo por otro. En el 75% de los casos de las detenciones arbitrarias hay tortura y en el 51% de los casos de detenciones también hay un control administrativo.
Las gobernaciones de Kaserin, Túnez y Gafsa encabezan los expedientes depositados según las gobernaciones. Los archivos de Túnez se reparten de la siguiente forma: Gobernación de Túnez 3179, Ben Arus 1450, Ariana 1004 y Manuba 675.
La distribución geográfica se cruza con la historia contemporánea del país y su desarrollo. La gobernación de Kaserin fue la más perjudicada por el antiguo régimen, y fue víctima de una marginación institucional, económica y social. Como consecuencia de ello surgió el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales, y Kaserin dejó de encabezar la lista de víctimas en virtud de la ley de justicia de transición. Esta gobernación también fue la más perjudicada durante la revolución, registrando el mayor número de víctimas mortales y heridos.
Los elementos del Estado responsables de las torturas, las desapariciones y los asesinatos; y por otro lado, el impulso político, mediático y sindicalista en la capital explica el aumento de las denuncias registradas en la Gobernación de Túnez, escenario de una gran cantidad de violaciones durante la revolución y tras ella. El aumento del número de expedientes en Gafsa lo explican las violaciones masivas que cometió el régimen del año 2008, además de su larga historia de marginación.
La instancia ha contado con financiación del Estado tunecino en forma de inversiones y donaciones principalmente, y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La instancia pidió al Estado 29,6 millones de dinares para implementar su programa del año 2015, de los cuales solo recibió 10 millones de dinares, lo que resulta insuficiente según la Instancia, y provocó la demora de la apertura de los cuatro despachos regionales y del resto de los despachos de las gobernaciones.
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