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La tortura y las desapariciones en Egipto: historias tras las cifras

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Majluf_Masr

Mada Masr, 12/05/2016

Hadir al Mahdaui

Según un informe reciente del centro El Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de Violencia, en el 2015 se registraron 700 casos de torturas individuales y colectivas en distintos centros de detención: comisarías, prisiones, sedes de la Seguridad del Estado y lugares desconocidos. En esos 700 casos, 39 personas perdieron la vida.

Según el informe, la cárcel de Al Aqrab está  a la cabeza en cuanto a casos de torturas individuales y colectivas y a acoso, y la comisaría del barrio de Al Mataría ocupa la primera posición en cuanto a muertes bajo tortura (7 casos). Un comunicado de la Iniciativa Egipcia de Derechos Personales del pasado mes de febrero indicaba que en esa comisaría han muerto 14 personas en los últimos dos años, entre ellos con el abogado Karim Hamdi. Según el mismo informe, este resultado no tiene en cuenta a las víctimas que perdieron la vida por negligencias médicas en otras comisarías y prisiones, ni a los que fueron asesinados en enfrentamientos con los servicios de seguridad egipcios (474 víctimas solo en 2015). Otro informe de El Nadeem señala que se registraron 38 casos de desapariciones forzosas solo en el mes de agosto de ese año.

Mientras algunos creen que esos 700 casos de tortura (con resultado mortal en 39 de ellos) en un solo año, o el secuestro de algunas personas por parte de la policía son errores individuales de algunos responsables policiales, otros creen que los desafíos securitarios a los que se enfrenta Egipto en los últimos años pueden provocar ese tipo de «excesos». El propio presidente Abdelfattah Sisi dijo en su último encuentro con los representantes de la sociedad civil, que si esa cifra se compara con la población total del país (90 millones) «pasa a ser un tema menos grave».

Lo innegable es que todos estos casos de tortura y secuestro, a los que han precedido muchos otros en los últimos años (uno de ellos, el asesinato de Jáled Said que fuera uno de los detonantes de la revolución del 25 de enero) no son meras cifras, sino seres humanos que dejan tras ellos vidas y familias cuyo destino se perfila incierto como consecuencia de la pérdida de un miembro de la familia, del dolor y la amargura de despedirse del cuerpo mutilado de uno de sus seres queridos, sin olvidar el horrible recuerdo de aquellos que consiguieron salir vivos de la tortura, y el aumento de la frustración cuando se pierde el derecho a que se haga justicia en la mayoría de los casos.

Si muere nos entregan su cadáver

En una pequeña habitación a la entrada de un edificio donde vive la familia de Hani Abdessattar, se detiene Malak, su hija mediana, tarareaba una canción que aprendió en la escuela de amor a Egipto. La madre dice con un suspiro: «Llegan felices del colegio cantando esta canción y me gustaría decirles que no la cantaran, ¿qué nos ha hecho Egipto? Egipto nos ha quitado a vuestro padre». Hani Abdessatar, 37 años, desaparecido el 10 de agosto del año pasado. No volvió a casa con su mujer y sus hijos a las cinco de la tarde como de costumbre, tras terminar un trabajo extra que realizaba en una empresa de tecnología cercana al edificio de cuya portería se encargaban él y su esposa en el barrio de Medinat Nasr.

La esposa, Hanán Salah, fue a la empresa por la noche. La portera del edificio donde estaba ubicada le dijo que miembros enmascarados de las fuerzas de seguridad habían ido por la tarde y detenido al dueño de la empresa, Hisham Ahmad al Tayeb, y a Hani. A la mañana siguiente se dirigió a la comisaría de Medinat Nasr, acompañada de su hermano Mohamed y de su cuñado, para preguntar por su marido, pero no lo encontraron. El oficial de policía les dijo que buscaran en Aduanas o en el Ministerio de Hacienda ya que la empresa se dedicaba a la exportación e importación. La familia lo buscó por todas partes. El hermano de la esposa, Mohamed Salah, afirma: «fui a los institutos forenses, a la Dirección de la Seguridad de El Cairo y de Guiza, a hospitales, incluso al hospital de Abbasía (el psiquiátrico), y no lo encontré». Tres días completos de búsqueda en vano. Al final, la comisaría accedió a entregar un informe policial sobre desaparición del esposo. La familia recuperó la esperanza el 26 de agosto tras recibir una llamada telefónica del abogado del dueño de la empresa que fue detenido junto a Hani. Este les dijo que su cliente se encontraba en una prisión del Tribunal de Apelación junto a otras nueve personas, acusado de «espionaje y contrabando a favor de Hamás y de otros grupos terroristas en el norte de Sinaí».

La familia se fue inmediatamente a la prisión pensando que Hani estaría allí, pero no lo encontraron. Según la esposa y su hermano, difícilmente consiguieron comunicarse con el dueño de la empresa a través de la ventana de la prisión, quien les confirmó que Hani había estado con él durante tres días en uno de los edificios dependientes de un frente soberano. Añadió que lo vio el tercer día cuando lo arrastraban por el suelo, y que parecía muerto como consecuencia de las torturas. Les aconsejó que preguntaran a las otras dos personas que estaban con ellos en el edificio (Adil Ibrahim y Sameh Sharqaui), quienes posteriormente confirmaron lo sucedido y se mostraron dispuestos a declarar como testigos de la muerte a golpes de Hani.

«Preguntamos en el sitio que nos comentó el dueño de la empresa pero allí nos dijeron que no tenían nada que ver con lo sucedido. Contratamos a un abogado por 2.000 libras egipcias para que preguntara en el Tribunal Militar si su nombre constaba o no en el caso, pero no dio con él. Cada vez que iba a ver al abogado me pedía 50.000 libras para traernos su certificado de defunción. Escribimos telegramas al presidente, al ministro de Interior, al fiscal y al primer ministro denunciando su desaparición. Culpamos a los servicios de la inteligencia militar y pedimos a la gente que nos dijo que Hani había muerto que testificase, pero no pasó nada», afirma la esposa.

La familia se enteró de que el juicio militar del caso se celebraría el 28 de octubre de 2015. Se dirigieron al tribunal con la esperanza de encontrar a Hani entre los acusados o preguntar otra vez por su paradero. «Todos los acusados me confirmaron que había muerto torturado, me contaron que ellos también habían sido torturados hasta perder la conciencia, y así lo declararon en el juicio», comenta Mohamed Salah, hermano de la esposa de Hani.

Mojtar Munir, abogado defensor de derechos humanos y representante de los dos acusados en el caso de Hani Abdessatar, considera su caso una desaparición forzada, y si la versión de los testigos es cierta se trataría de una muerte por tortura. En base a esto se ha presentado otra denuncia ante fiscal, además de la que había interpuesto la familia. Munir afirma: «Hemos pedido que se abra una investigación porque tres testigos han confirmado que Hani estaba en el edificio del frente soberano y que murió el tercer día. La Fiscalía debería llamar a estas tres personas y abrir una investigación oficial, ya que están dispuestos a declarar  lo que afirmaron en el juicio. Pero los abogados no cooperaron para ofrecernos el informe del juicio en el que atestiguaron estas tres personas».

Según Munir, en la denuncia no se acusaba a nadie de forma explícita, solo se pedía una investigación sobre la desaparición de una persona que había sido secuestrada y de cuyo fallecimiento hay testigos. El caso se archivó y la familia solicitó una reapertura. El expediente fue reabierto el pasado mes de diciembre y se archivó de nuevo. La Fiscalía militar se negó a llamar a los tres testigos y el fiscal se negó a aceptar la denuncia de la familia.

Lo único que la esposa de Hani quiere saber dónde está su marido, si está vivo, «y si está muerto, que nos den su cuerpo, no pedimos más. Ya no puedo llevar a los niños al colegio ni puedo hacer ningún trámite sin un documento oficial de su muerte. Si está muerto que al menos sus hijos lo sepan».

Según la esposa de Hani, cuatro días antes de su desaparición, este le pidió que fuera con sus hijos a la plaza de Tahrir a participar en la celebración de la inauguración del nuevo canal de Suez, pues era un gran admirador del presidente Abdelfattah al Sisi e incluso solía hacer el saludo militar ante su foto colgada en la puerta de su habitación. Su esposa dice: «Él no sabía nada de esa empresa, le propusieron trabajar con ellos y él aceptó para poder dar una mejor educación a nuestros hijos». Actualmente Hanán se ha visto obligada a trabajar no solo en la portería sino también como cocinera y limpiadora en casas para poder mantener a su familia.

La tortura en la Fiscalía

A pesar de su tragedia, Hanán vive con la esperanza de encontrar a su marido. Pero la madre de Adil Abdessami confirmó hace cinco meses que había perdido a su hijo al recibir su cadáver con las marcas de tortura, y entonces comenzó un largo viaje para exigir justicia.

El pasado 4 de octubre, Adil Abdessami, carpintero de 28 años, compró un teléfono móvil a un vendedor ambulante por 200 libras, dice Nagua, la hermana de Adil. Al encender el teléfono le llegó una llamada del dueño del móvil que resultó robado. Éste le pidió que se lo devolviera y Adil accedió a cambio de recibir el dinero que le había costado. Lo que Adil no sabía es que el propietario del teléfono le había preparado una emboscada y cuando quedaron, se presentó la policía, que lo detuvo y lo llevó a la comisaría Al Mataría acusado de robo.

Adil pasó 19 días bajo custodia y cada vez que su familia iba a visitarle lo encontraba «golpeado y en mal estado; una semana después apareció con la cara llena de marcas. Cuando le preguntamos quién le había pegado, no contestó». Nagua dijo que quien acompañaba a Adil desde la celda no era un policía, sino otro detenido. En una ocasión encontraron signos de estrangulamiento y posteriormente otros detenidos les confirmaron que había sigo estrangulado con una toalla y privado de comida y bebida.

Según la versión de la familia, el 21 de octubre (un día antes de la apelación ante la Fiscalía) la familia encontró a Adil en un estado de cansancio visible. Hablaron con la policía para que le dieran un antibiótico, pero éstos les gritaron y les echaron diciéndoles: « ¡Idos, sabemos perfectamente en qué consiste nuestro trabajo! ». Adil lloró ante su madre suplicando que le viera un médico, pero ella fue incapaz de hacer nada. Al día siguiente fue la última vez en la que vieron a Adil en la Fiscalía de Al Abbasía. Estaba descalzo, iba en ropa interior y con una chaqueta. La madre afirma: «Estaba horrorizado, tenía miedo de hablar con nosotros y se encontraba en un estado lamentable». Por la noche, la familia recibió una llamada telefónica en la que les avisaban de que Adil estaba muy enfermo. Fueron a comisaría pero no lo encontraron y los familiares de otros presos les confirmaron que lo habían visto muerto cuando lo trasladaban al hospital de Al Mataría. La familia fue al hospital donde encontró su cuerpo sin vida, con marcas de quemaduras de cigarrillos y contusiones. Fotografiaron el cuerpo con sus teléfonos móviles y presentaron una denuncia por asesinato en la comisaría.

Huda Nasralá, abogada e investigadora de la Iniciativa Egipcia de Derechos Personales y representante de los demandantes en el caso de Adil Abdessami, pidió el acceso a los documentos del caso, pero la Fiscalía se opuso. Con mucha dificultad pudo ver los documentos cuando apenas se hizo cargo del caso. Según Nasralá, el fiscal se opuso a que fotocopiara los documentos e hizo todo lo posible para impedir una apelación de la resolución de la Fiscalía: «La Fiscalía dirá que las marcas en el cuerpo del chico no son quemaduras de cigarrillos, sino alguna enfermedad dermatológica que le causaría la muerte dado su estado de debilidad por no ingerir alimentos». Nasralá se vio obligada a solicitar copias del archivo de investigación del fiscal jefe que, a pesar de no negarse, no entregó las copias. Nasralá fotocopió los documentos meses después y se le prohibió fotocopiar el informe forense final.

Según lo que Huda Nasralá ha visto en las denuncias a la comisaría de Al Mataría, el fiscal ha investigado a detenidos que declararon que había personas armadas y peligrosas entre ellos que ponían droga en el té de los recién llegados «para tenerlos bajo control, y Adil no ha sido el primero. Además, la prisión está atestada de gente y para dormir y comer hay pagar 200 libras. Si un preso no paga,  no se le permite comer ni beber y en ocasiones es golpeado hasta la muerte».

El abogado que llevaba el caso antes que Nasralá le dijo que el dueño del teléfono móvil no confirmó si Adil era un ladrón, por lo tanto es probable que le torturaron para obligarle a confesar el robo (y a lo mejor otros robos) y poder así «cerrar casos que tenían abiertos» según Huda. Añade también que según las investigaciones hay un negocio de drogas y armas blancas entre los policías de la comisaría y algunos detenidos.

La abogada cree que la comisaría es directamente culpable de la tortura de Adil o es responsable de permitir que los detenidos le torturaran. Cree que la culpa es de la policía por varias razones: el informe del laboratorio niega que la víctima hubiera ingerido drogas, la Fiscalía no investigó a los presos acusados de maltratar a Adil, existen testimonios no oficiales recibidos por la madre que afirman que Adil regresaba a la celda con marcas de violencia, y por último está el informe forense según el cual Adil fue torturado y la causa de muerte  fue el extremo nivel de agotamiento. A pesar de ello, en la última visita de su familia, horas antes de su muerte, no se le notaba tan agotado como para morir pero la Fiscalía tampoco investigó las marcas de tortura, sino que archivó el caso el día 3 de febrero y la resolución se emitió el 16 de febrero sin informar a la abogada ni a la familia.

El pasado 6 de marzo, la madre, sus hijas y un conjunto de abogados de grupos de derechos humanos se personaron en la puerta de la oficina del fiscal del área este de El Cairo, y solicitaron acceder para reabrir el caso, pero los funcionarios de guardia y los oficiales les impidieron la entrada. La hermana mayor se derrumbó al grito de «no nos iremos», y a continuación les enviaron a miembros de la Seguridad Central. La madre se desmayó por una subida de azúcar causada por la humillación que estaban viviendo. Cuando sus acompañantes quisieron sentarla llegó un oficial que dio un golpe a la silla en la que pensaban colocarla, lanzándola lejos. Para zanjar el conflicto, los policías detuvieron al esposo de una de las hijas, el único hombre de la familia, y la familia tuvo que abandonar el lugar sin poner ninguna denuncia.

Nasralá afirma que en todos los casos de tortura en los que ha trabajado ha sido muy difícil demostrar quién es el culpable, y por ello las resoluciones son muy escasas: «Si la tortura se ha realizado de acuerdo con las fuerzas de seguridad, el castigo es civil y no penal. En cambio, en el caso de una tortura directa o una orden de tortura, el delito es de incitación al asesinato o asesinato directo».

Magda Adli, médico y directora del centro El Nadeem, añade que en sus 23 años de experiencia con casos de tortura, solo se castigó a un pequeño porcentaje de torturadores y con penas que no superaban los 3 años, que es la pena máxima que se ha podido constatar. Los jueces son clementes con los acusados para que se reduzcan las penas o incluso no sean ejecutadas. El acusado incluso puede regresar a su puesto de trabajo tras cumplir con su condena, como sucedió en el caso de Islam Nabil, oficial acusado de torturar a Imad al Kabir, que puede ser transferido y tiene derecho a trabajar en la Fiscalía o en la Justicia.

Adil era el pilar de su familia, y al casarse sus hermanas mayores, vivía con su madre, su hermana y su hermano menor. La madre, que sigue abriendo su casa para recibir a la gente que acude a darle el pésame, dice: «En el funeral no teníamos nada, hasta el té y el azúcar lo tuvieron que traer los vecinos. Antes dormíamos con las ventanas abiertas, pero desde que murió Adil no las hemos vuelto a abrir». Nagua, la hermana menor y la que estaba más unida a él añade: «No nos lo podemos creer, ya no podemos dormir sin pastillas. Lo que antes veíamos por televisión nos ha sucedido a nosotros. Cuando el abogado Karim Hamdi fue arrestado para cortarle la lengua y posteriormente matarle, nos dijeron que eran invenciones, que la policía está para velar por nuestros intereses. Nosotros les apoyamos durante la revolución y este es nuestro merecido».

Los informes forenses

En el año 2010, Ahmad Mohamed Ibrahim, de 23 años, fue detenido acusado de robar unos pendientes. Su padre, inspector jubilado, dijo que los policías de la comisaría de Al Mataría, que entonces dirigía el coronel Wael Tahún (asesinado en abril de 2015), se habían inventado el caso y que al ver que Ahmad llevaba 300 libras (un dinero destinado a sus estudios), le acusaron de robo.

La sentencia se emitió en el año 2012 y condenaba a Ahmad a tres años de prisión, de los cuales cumplió dos años y dos meses por buena conducta. Abandonó la prisión de Burg al Arab en Alejandría, y fue trasladado a la comisaría de Jalfíaa y de allí a Al Mataría, para preparar su liberación tras revisar su caso. Los trámites de su salida se retrasaron ya que su liberación coincidió con el nombramiento del presidente Abdelfattah al Sisi.

La mañana del 14 de junio de 2014, el padre entregó el documento de su liberación y se dirigió a la comisaría, durante el horario de visitas nocturnas, a llevarle un poco de comida y ropa a su hijo. El padre notó que hacía calor e intentó hablar con uno de los oficiales, preocupado por la salud de su hijo. El policía le gritó y le golpeó en el hombro diciéndole irónicamente «que alguien le traiga un doctor». El padre habló con su hijo y le preguntó por su salud, a lo que Ahmad contestó que estaba bien, que no le pasaba nada. Se fue alrededor de las diez y media de la noche. Al día siguiente el padre fue a comisaría a recoger a su hijo y encontró un cuerpo sin vida. El padre acusó ante la Fiscalía al oficial de la comisaría, Hosam Hanafi, de asesinar a su hijo.

Mada Masr obtuvo una copia de las investigaciones de la Fiscalía en la que varios detenidos, de un total de 67, afirman que todos ellos compartían el mismo espacio, una celda estrecha y sofocante en la que los detenidos se pisoteaban unos a otros. El mismo día de la muerte de Ahmad, uno de los detenidos sufrió asfixia y fue trasladado al hospital. Ahmad comió con sus compañeros y poco después se sintió muy cansado. Los responsables avisaron al médico que se encontraba en la comisaría de casualidad para curar al detenido asfixiado. Más tarde se confirmó la muerte de Ahmad.

Los detenidos negaron en su testimonio que Ahmad hubiera sido torturado en la celda o fuera de ella, en cambio, el oficial que fue denunciado por el padre de Ahmad (el que le había golpeado en el hombro un día antes) negó que estuviera presente cuando Ahmad se sintió mal.

El informe forense inicial fechado en  septiembre de 2014 (al que Mada Masr ha tenido acceso) informa de contusiones y quemaduras en la nariz, en la frente, en la parte inferior del ojo y en la mitad de la cara, pero sin fracturas. El informe también habla de una hemorragia interna cerebral, una hemorragia y congestión pulmonar y una congestión en el corazón.

El pasado mes de febrero, un año y ocho meses después de los hechos, vio la luz el informe forense definitivo, al que nadie tuvo acceso, ni siquiera el abogado de la familia, Ahmad al Husaini, que solo consiguió conocer  contenido a través del fiscal antes de que el caso se archivara. En el informe, la causa de la muerte de Ahmad era un ataque al corazón.

Al Husaini opina que la muerte de Ahmad podría ser el resultado de las malas condiciones de la celda, la falta de espacio y el gran número de detenidos. Sus compañeros de celda no han dicho en ningún momento que Ahmad fuera torturado, pero el abogado no lo ha podido confirmar y cree que los detenidos podrían tener miedo a testificar.

La doctora Magda Adli afirma que muchos informes médicos no son profesionales, no se examina el cuerpo completamente y en ocasiones dependen de los informes de defunción de los hospitales, que no son suficientes. Al final los informes forenses son presunciones y no pruebas ya que la única prueba legal es la confesión de culpabilidad del acusado. En el código se castiga al cómplice, al que testifica y al que no, y por ello, aunque los informes médicos sean ciertos, los casos son archivados.

Adli señala que la autopsia determina, a partir de las lesiones, el momento de la muerte y la causa de la muerte. Algunas lesiones tienen que ser examinadas rápidamente, especialmente aquellas en la piel y en los tejidos que se degradan en 24/48 horas, por lo que el informe puede no ser exacto si se realiza tarde. Las contusiones y las abrasiones no son mortales, pero podría indicar hemorragias internas en el cerebro o en los pulmones, o un paro cardíaco por una descarga eléctrica, cuya  marca es similar a la de las quemaduras de cigarrillos, y es la técnica más usada en la tortura porque es difícil demostrarla.

La directora del centro El Nadeem añade que un informe forense definitivo, en general, se emite como máximo después de una semana, pero en Egipto tarda incluso años y puede ser falso. En Egipto no hay más de 100 médicos forenses a causa de la dificultad del trabajo, de los pocos incentivos que reciben esos profesionales y de que se marchan a trabajar a otros países árabes donde escasean los médicos de esa especialidad. También hay falta de experiencia y de material básico para realizar las autopsias. Por ejemplo, el depósito de cadáveres de la Autoridad Médica Forense de Zenhom no tiene cámaras frigoríficas para conservar el cuerpo, y es la única morgue que cubre todo El Cairo. En otras provincias ni siquiera hay depósitos de cadáveres.

Adli señala también el problema de la injerencia de las autoridades en el trabajo de los médicos forenses, pues éstos dependen del Ministerio de Justicia. Asegura que la entidad encargada de reunir las pruebas penales depende del órgano judicial, concretamente cuando el acusado es un funcionario del Estado, para conseguir transparencia y evitar que se le acuse de parcialidad hacia la policía, ya que la Fiscalía debería ser independiente.

Antes de su imputación, Ahmed se estaba formando para ser técnico de refrigeración en un instituto de Al Mataría. Era hijo único y su madre y hermana mayor viven en la provincia de Al Buhira. Actualmente el padre vive solo, y cuando el abogado le propuso que exigiera una indemnización le dijo: «Yo no quiero dinero, ¿de qué me sirve? (…)». Ahmad no tenía ninguna relación con la política. Su padre temía tanto por él que no le permitía ir a las manifestaciones. La única ocasión en la que fue a la plaza de Tahrir fue para celebrar la llegada del Ejército e incluso se hizo fotos con algunos soldados. El padre afirma: «Yo voté a Al Sisi para que este país fuera por el buen camino».

Traducción de Rania Chaui

Viñeta de Majluf

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