Driss Gamburi
En los últimos días el Partido Justicia y Espiritualidad (PJD) que lidera el ejecutivo marroquí, ha demostrado una extraordinaria capacidad para cambiar de posturas y una capacidad aún mayor de ambigüedad.
Hace una semana, Saadeddín al Ozmani, presidente del gobierno, defendía ante una reunión de la Secretaría General de su partido, el PJD, un proyecto de ley de reforma de la educación que supondrá un golpe para la gratuidad de la escuela secundaria y de la universidad. Ese principio de gratuidad se ha mantenido desde la independencia como un logro nacional que los sucesivos gobiernos se han negado a tocar.
Esta postura indignó a amplios sectores populares, especialmente a la clase media que se considera a sí misma la principal afectada por este tema ya que el presidente del gobierno declaró que la decisión no afectará a las clases bajas sino a la clase media y con capacidad económica.
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Hace días el gobierno retiró un proyecto de ley para poner fin a los sueldos de los miembros del Parlamento que están pluriempleados (…) Si volvemos la vista atrás, veremos cómo el PJD atacó a gobiernos anteriores desde la oposición por no llevar a cabo medidas para acabar con esas asignaciones económicas, y no solo eso, sino que pidió una reducción de las retribuciones de los parlamentarios en general por considerarlas elevadas, y propuso que una parte de ellas se destinaran a proyectos sociales destinados a las clases más desfavorecidas.
Hace dos días Hasán Daudi, ministro delegado de Asuntos Generales, declaró que los subsidios del Estado a productos de primera necesidad como el azúcar o el gas butano, son “un crimen” y propuso una revisión del Fondo de Compensación (encargado de los subsidios). El gobierno de Benkirán hizo una petición similar que retiró ante la oposición salvaje a dicha propuesta. El Fondo de Compensación fue creado por el Estado en los años setenta con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de las clases más desfavorecidas, y crear un equilibrio entre la fluctuación de precios en el mercado internacional y en el nacional, en el marco de una política social estatal destinada a reducir las diferencias entre clases.
Estas últimas posturas reflejan una vacilación y ambigüedad política en el PJD, que no duda en mantener un discurso político centrado en la dimensión social mientras en su política de gestión hace todo lo que puede por agravar la profundidad de la crisis e incrementar la congestión social en un claro ejemplo de la explotación de lo social al servicio del discurso político.
Viñeta de Buali para la página electrónica Hespress
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