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Periodistas y diputados critican la nueva ley de medios egipcia

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Libertad_prensa_Doaa_Eladl-MASR

 

Omar Said y Rania al Abd

 

Mada Masr, 13/06/2018

 

Diputados, periodistas, profesionales del sector y sindicatos han protestado contra la aprobación del borrador de la nueva ley que regulará la prensa en Egipto.

 

Dirigida a regular la práctica periodística, complementará la ley de medios que fue originalmente aprobada en diciembre de 2016 y que creó  los cuerpos reguladores. Tras una larga espera, esta nueva ley está formada por tres decretos diferentes: la Ley de Regulación de la Prensa y los Medios y el Consejo Superior de Regulación de Medios (CSRM) y dos leyes que regularán la Autoridad Nacional de Prensa y la Autoridad Nacional de Teledifusión. El primero de estos tres ha sido aprobado preliminarmente y deberá ahora ser ratificado, una vez haya sido revisado por el Consejo de Estado y por el comité encargado de emisión de fatuas.

 

Sin embargo, son muchas las críticas contra esta legislación. Los diputados que estaban en el comité que tenía que revisar la ley están descontentos con el proceso de consultas, mientras que los miembros del sector denuncian duras penas y supervisión estatal. Los periodistas que han hablado con Mada Masr explican que el nuevo decreto incluye medidas de detención preventiva de periodistas para delitos relacionados con su profesión, otorgando al CSRM poderes de vigilancia y censura.

 

Otras críticas provienen de un comunicado firmado por más de doscientos periodistas, entre ellos altos cargos del Sindicato de Directores.

 

Saltándose el reglamento

 

El diputado Galal Awara, encargado del Comité de Medios, Cultura y Antigüedades, informó a Mada Masr de que se negaba a acudir la asamblea en la que se votaría la nueva ley, a pesar de ser uno de los ponentes, y explica su gesto de protesta: “Tengo serias dudas sobre esta ley. No participaré en el crimen que supone aprobarla”. Añade que la ley regula el estado de caos actual y que hay bastantes lagunas en el marco legal que propone.

 

Varios diputados, entre ellos algunos miembros del comité, han expresado su oposición a la legislación durante el debate. El diputado Sharshar exigió que el texto volviese al comité y fuera revisado por especialistas y los sindicatos relevantes, una petición denegada por el presidente de la cámara.

 

Sin embargo, Osama Heikal, que encabeza el Comité de Medios, Cultura y Antigüedades ha declarado que todas las autoridades competentes, los sindicatos, la Autoridad Reguladora de la Televisión Pública, la Cámara de Medios y la Autoridad de Competencia Egipcia fueron invitados a participar en el proceso. El retraso en la tramitación de la ley se debe a la tardanza del Sindicato de Prensa en enviar sus aportaciones, según declara Heikal.

 

Sin embargo, Sharshar informó a Mada Masr de que en las reuniones que mantuvo el comité a puerta cerrada, los participantes no recibieron copias de la legislación propuesta: “Cuando pedimos una copia al presidente del comité, nos dijo que todavía la tenía el gobierno. Esto siguió así y solo nos enviaron el texto la noche antes de la votación en el Parlamento”.

 

Sharshar resalta que ni sus opiniones ni las del resto del comité fueron tomadas en cuenta. También llama la atención al hecho de que los miembros no vieran la versión final que se presentaría al Parlamento y que no se mantuvieran reuniones de expertos.

 

“No me preguntes por este decreto” dice Yusef al Qaid, un miembro del comité. “Lo que debatimos es una cosa y lo que aparece en la ley es otra”.

Mientras tanto, Nader Mostafa, secretario del comité, defendió las etapas por las que pasó el proceso, alegando que las peticiones de reapertura del debate son “fútiles” y que la nueva legislación es un logro ya que “organiza un mecanismo ausente durante décadas.” “La sociedad quiere esta ley y nosotros tenemos que aprobarla” añadió.

 

Los periodistas contestan

 

Los periodistas han sido muy críticos con la nueva ley. Una de las críticas se centra en la representación de periodistas en las juntas de las instituciones nacionales, ya que solo dos de los trece miembros serán periodistas, mientras que seis serán designados por las autoridades. Solo dos de los diecisiete miembros de la asamblea general de cada institución serán periodistas.

 

En un comunicado, los periodistas se centraban en los artículos 15 y 35 que permiten a la Autoridad Nacional de Prensa (ANP) controlar la administración de las instituciones nacionales de prensa. “La ANP controlaría las juntas y las asambleas generales y ninguna institución podría tomar decisiones importantes sin su aprobación. La ANP recibirá, además, el 1% de los ingresos de cada institución, en lugar de un porcentaje de los beneficios. El presidente de la ANP liderará la asamblea general de todas estas instituciones.”

 

La legislación también da a la ANP y el CSRM poder para tomar medidas disciplinarias contra periodistas, elegir a miembros de juntas y a editores e identificar a “periodistas con conocimiento especializado experto” que pudiesen retrasar su edad de jubilación más allá de los 60, además de censurar y eliminar cuentas en redes sociales que tengan más de 5.000 seguidores.

 

Según el ex líder del Sindicato de Prensa, Yehia Qallash, “la ley otorga al CSRM una autoridad casi divina, que va más allá de los periodistas para entrar en internet y redes sociales. En cuanto a las relaciones laborales, favorece claramente a empresarios e instituciones frente a los trabajadores del sector.”

 

El columnista independiente Abdalá al Sennawy está en línea con Qallash. “La ley no solo limita a periodistas y periódicos, sino que incluye a las redes sociales y afecta a cualquier contenido que se publique en ellas. La ley va en contra de la Constitución en más de un aspecto. Incluso los detalles, como la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, pretenden recompensar a los periodistas que favorecen a las autoridades y castigar a los que no.”

 

La ley contempla duras penas. Mientras estipula que los periodistas no podrán ser encarcelados durante la investigación de un delito relacionado con la publicación, hace excepciones para delitos como “incitar a la violencia”, “instigar la discriminación” o “causar daños al honor”, definidos de forma poco precisa.

 

Un informe conjunto redactado por los comités de Medios, Cultura y Antigüedades y Asuntos Legislativos y Constitucionales y Presupuestos, dice que  “el Sindicato de Prensa propuso enmiendas a los artículos 1, 2, 4, 6, 11, 15, 16, 18, 34, 37, 45, 47, 53, 66, 76 y 78, y el comité rechazó muchas de ellas.”

 

Sin embargo, Mohamed Saad Abdel Hafez, miembro de la directiva del sindicato, declara que el documento sobre el que su organización fue consultada no es el mismo que se ha llevado al Congreso. “El borrador actual no fue revisado por la directiva del Sindicato de Prensa y el sindicato no dio su opinión legal sobre sus términos, lo cual es una violación del artículo 77 de la Constitución, que estipula que “[los sindicatos] serán consultados sobre toda legislación relacionada [con la profesión que representan].”

 

“Las consecuencias catastróficas de este decreto no se ciernen solo sobre las libertades de los periodistas y la naturaleza de su trabajo. Podría “acabar con la profesión” sentencia Qallash: “Ahora estamos perdiendo el “pequeño margen de democracia” del que nos mofábamos. Incluso ese margen se verá reducido en virtud de este decreto.”

 

Viñeta de Doaa Eladl

 

Traducido del inglés por Leandro James Español Lyons en el marco de un programa de colaboración de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y la Fundación Al Fanar.

 

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